El alcalde de Coín, Francisco Santos, ha salido al paso de la creciente polémica generada por la ejecución del parque fotovoltaico de La Jara, un proyecto que en las últimas semanas ha provocado una intensa contestación social y numerosas críticas en redes sociales. Durante una entrevista concedida a Canal Coín TV, el regidor quiso aclarar cuál ha sido la actuación del Ayuntamiento y aseguró que el Consistorio «nunca ha promovido» este tipo de instalaciones y que ha intentado frenar su desarrollo dentro de las competencias municipales.
Según explicó, el Ayuntamiento fue «el primero en dar la voz de alarma» cuando comenzaron a llegar solicitudes para la implantación de grandes plantas fotovoltaicas tanto en Coín como en otros municipios del entorno. En el caso del municipio coineño, recordó que las solicitudes llegaron a superar los diez millones de metros cuadrados de superficie.
Francisco Santos afirmó que desde entonces el equipo de gobierno ha trasladado su preocupación a las administraciones competentes reclamando una regulación que evitara la proliferación de este tipo de proyectos. «Ninguna, absolutamente ninguna, ha sido promovida por este Ayuntamiento», subrayó.
El alcalde señaló que el único proyecto que finalmente ha seguido adelante es el de La Jara debido a que cuenta con la declaración de interés nacional otorgada por el Ministerio para la Transición Ecológica, una figura administrativa que limita la capacidad de actuación municipal.
«Ante esa declaración no hay mecanismo municipal que pueda pararlo. Lo hemos intentado y hemos presentado alegaciones al proyecto sin obtener respuesta alguna por parte del Gobierno», aseguró. Además, indicó que el Ayuntamiento también solicitó información y reclamó una ordenación que regulara este tipo de instalaciones, sin recibir respuesta.
Un proyecto rodeado de una fuerte contestación ciudadana
Las declaraciones del alcalde llegan en un momento de máxima tensión en torno al proyecto. En las últimas semanas se han sucedido concentraciones vecinales, campañas en redes sociales y denuncias impulsadas por la asociación Valle Natural Río Grande, que considera que las obras están provocando un grave impacto ambiental sobre este enclave situado junto al Parque Nacional Sierra de las Nieves.
Los colectivos contrarios al proyecto denuncian la tala de árboles, la eliminación de vegetación autóctona, movimientos de tierra, posibles afecciones a especies protegidas y el tránsito de maquinaria pesada por caminos e infraestructuras rurales. Además, sostienen que la transformación del paisaje puede afectar a un entorno de gran valor ecológico y agrícola.
Uno de los argumentos que más se está compartiendo en redes sociales es el contenido de un informe elaborado por investigadores de la Universidad de Málaga, en el que se advierte de los posibles efectos acumulativos de los distintos proyectos previstos en la zona. Según este estudio, las plantas proyectadas ocuparían directamente unas 728 hectáreas, mientras que el impacto paisajístico alcanzaría cerca de 1.950 hectáreas, además de alertar sobre posibles afecciones al suelo, al consumo de agua y a la biodiversidad del entorno.
El debate sobre las competencias
Precisamente una de las principales controversias gira en torno al papel que corresponde a cada administración. Mientras los colectivos vecinales consideran que el Ayuntamiento debería haber impedido el desarrollo del proyecto, el alcalde insiste en que la competencia corresponde al Estado al tratarse de una infraestructura declarada de interés nacional y que el margen de actuación municipal queda muy limitado.
Con estas declaraciones, el regidor pretende responder a las críticas surgidas durante las últimas semanas y desvincular al Ayuntamiento de la autorización del proyecto, insistiendo en que el Consistorio manifestó desde el principio su oposición a la implantación masiva de parques fotovoltaicos en el término municipal y que trasladó esa preocupación a las administraciones competentes sin obtener una respuesta favorable.
