La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves ha aprobado de forma definitiva la modificación de sus estatutos con el objetivo de adaptarse a la nueva realidad territorial surgida tras la declaración del Parque Nacional Sierra de las Nieves, mediante la Ley 9/2021 de 1 de julio. Esta actualización normativa refuerza el papel de la entidad como herramienta clave para la cohesión territorial, la gestión eficiente de recursos y la dinamización del desarrollo sostenible en la comarca.
La nueva configuración jurídica y organizativa de la Mancomunidad, integrada actualmente por Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yunquera, contempla además la posibilidad de incorporar a otros municipios vinculados al Parque Nacional o a su Zona Periférica de Protección, como Benahavís, Guaro, Igualeja, Parauta, Ronda y Serrato.
Entre los ejes estratégicos recogidos en los nuevos estatutos figuran la promoción del desarrollo sostenible de los municipios que aportan territorio al parque, la consolidación de un turismo de calidad y respetuoso con el entorno, así como la preservación de las actividades tradicionales que han contribuido históricamente a conservar los valores naturales y culturales de la zona.
El texto también refuerza los mecanismos de cooperación entre administraciones —locales, provinciales, autonómicas, estatales y europeas— y apuesta por una gobernanza participativa que involucre a la ciudadanía, al tejido social y económico, y a los propietarios y titulares de derechos dentro del espacio protegido.
La reforma estatutaria culmina un proceso que ha incluido aprobación técnica, exposición pública, revisión jurídica por parte de la Diputación de Málaga y ratificación por los municipios miembros. El nuevo texto consta de 48 artículos, además de disposiciones adicionales, transitorias y finales.
Con esta adaptación, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves se consolida como un actor fundamental en la gestión del Parque Nacional y su entorno, asumiendo un papel estratégico en la implementación de políticas públicas orientadas a la protección ambiental, el desarrollo local y el bienestar de la ciudadanía.
