El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado por unanimidad, en su primera sesión del año, dos planes de asistencia económica dotados con un total de 31 millones de euros que tendrán un impacto directo en los municipios del Valle del Guadalhorce y la Sierra de las Nieves, al tratarse en su mayoría de localidades con menos de 25.000 habitantes.
El presidente de la institución provincial, Francisco Salado, ha subrayado que se trata de una “inyección económica muy importante” en forma de fondos incondicionados, destinados a que los ayuntamientos puedan hacer frente a sus gastos más necesarios y atender prioridades locales, tanto en gastos corrientes como en inversiones.
Uno de los planes, con una dotación de 14.149.868,80 euros, está dirigido a municipios menores de 25.000 habitantes y a las entidades locales autónomas, dentro del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación (Concertación). En total, 83 pueblos de la provincia han solicitado estas ayudas, que podrán destinarse a equilibrar las tesorerías municipales y afrontar necesidades urgentes.
Este apartado resulta especialmente relevante para las localidades del Valle del Guadalhorce y de la Sierra de las Nieves, donde la mayoría de los ayuntamientos se encuadran en ese tramo poblacional y cuentan con presupuestos más limitados, por lo que este refuerzo económico permitirá mantener servicios públicos, ejecutar pequeñas obras y atender incidencias sobrevenidas.
Además, el Pleno ha dado luz verde a un segundo plan dotado con 17 millones de euros, que se distribuirá entre los 103 municipios de la provincia, en función del número de habitantes. Las cuantías oscilan entre los 100.000 euros para los municipios con hasta 500 habitantes y los 400.000 euros para las localidades con más de 100.000 vecinos.
De estos fondos, más de 12 millones de euros (el 70,65%) se destinan a municipios menores de 25.000 habitantes, lo que vuelve a situar a los pueblos del entorno del Guadalhorce y la Sierra de las Nieves entre los principales beneficiarios. En este caso, el dinero deberá emplearse preferentemente en la ejecución de obras o inversiones, aunque hasta un 50% podrá destinarse a gastos corrientes relacionados con la adquisición de bienes y servicios.
Desde la Diputación se ha insistido en que estas medidas responden al compromiso con el municipalismo y con el equilibrio territorial, facilitando que los ayuntamientos de zonas rurales y semiurbanas puedan seguir prestando servicios de calidad y desarrollando proyectos de mejora para sus vecinos.
