Las obras para demoler dos módulos del CEIP Emilia Olivares ya han comenzado ante el progresivo deterioro estructural que presentan estas instalaciones y con el objetivo de garantizar la seguridad del alumnado, el profesorado y el resto de la comunidad educativa.
Los dos módulos afectados cuentan con dos plantas y un total de cuatro aulas y permanecían bajo seguimiento técnico desde septiembre de 2022, cuando comenzaron a documentarse grietas, fisuras y problemas relacionados con la estructura del edificio.
El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha decidido asumir la demolición con recursos municipales ante la falta de acuerdo con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía sobre qué administración debe hacerse cargo de una intervención de estas características.
El alcalde, Anthony Bermúdez, acompañado por la concejala de Educación, Maribel Plaza, ha defendido la decisión de actuar ante el agravamiento de los daños. El regidor ha señalado que el Consistorio «afronta en solitario» el coste de la demolición al considerar que la seguridad debe prevalecer frente a las discrepancias administrativas.
Bermúdez ha diferenciado entre las labores ordinarias de conservación y mantenimiento de los colegios, que corresponden a los ayuntamientos, y las intervenciones extraordinarias relacionadas con daños estructurales o la construcción de nuevos edificios, cuya responsabilidad considera que corresponde a la administración autonómica.
Un problema bajo seguimiento desde 2022
Los primeros informes sobre las deficiencias de estos módulos se remontan a septiembre de 2022, cuando se constató la aparición de fisuras y una inclinación del forjado antihumedad.
En noviembre de ese mismo año, técnicos de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) señalaron la necesidad urgente de intervenir debido a la rápida degradación del edificio y al crecimiento de las grietas. En aquel momento, las actuaciones necesarias fueron valoradas en aproximadamente 200.000 euros, IVA incluido.
En enero de 2023, un nuevo informe elaborado por el arquitecto técnico municipal constató que las grietas y fisuras persistían y apuntaba a la posibilidad de que la estructura del aula continuara en movimiento. El documento consideraba además que la envergadura y el carácter estructural de las obras necesarias excedían las labores habituales de conservación y mantenimiento.
Sin embargo, ese mismo mes, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Málaga concluyó que las actuaciones debían encuadrarse dentro del deber municipal de conservación, mantenimiento y vigilancia.
Los daños continuaron avanzando
Las discrepancias entre administraciones continuaron durante los meses siguientes. En julio de 2023, un informe del arquitecto municipal cifró en 313.806,05 euros el coste de reposición del edificio, tomando como referencia valores medios estimativos de construcción del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga.
Según este documento, los aproximadamente 200.000 euros estimados para reparar los daños representaban el 63,73% del coste de reposición, argumento con el que los técnicos municipales entendían que correspondía a la Junta de Andalucía acometer la reposición del aulario.
La evolución de los daños continuó siendo objeto de seguimiento y, en septiembre de 2023, los testigos instalados registraron un aumento de las grietas de entre 10 y 20 milímetros, indicando que la estructura seguía en movimiento.
Posteriormente, en mayo de 2024, el Ayuntamiento encargó un estudio geotécnico que concluyó que la cimentación antigua no cumplía las exigencias normativas actuales, presentaba fisuras y fracturas y no resultaba adecuada ante las características expansivas del terreno. El informe fue trasladado a la Delegación Territorial en julio de ese mismo año.
El Ayuntamiento cuestiona el cambio de criterio de la Junta
Anthony Bermúdez ha recordado además que en 2020 se produjeron problemas de características similares tanto en el propio CEIP Emilia Olivares como en el CEIP Carmen Arévalo de Villa del Guadalhorce y que, en aquella ocasión, la Consejería de Educación sí asumió las actuaciones.
El alcalde ha cuestionado que ahora la administración autonómica considere que la intervención no es de su competencia cuando, según sostiene, no se ha producido ningún cambio normativo que justifique una modificación de criterio.
Bermúdez ha lamentado en este sentido lo que considera una «falta de lealtad y voluntad política» por parte de la Junta de Andalucía y ha insistido en que el Ayuntamiento ha decidido ejecutar la demolición para no prolongar una situación que afecta directamente a la seguridad de la comunidad educativa.
Reclaman la construcción de un nuevo módulo
Una vez iniciada la demolición, el siguiente objetivo será recuperar los espacios educativos que desaparecerán con la actuación. Para ello, el Ayuntamiento reclama a la Junta de Andalucía que asuma la construcción de un nuevo módulo en el CEIP Emilia Olivares.
La concejala de Educación, Maribel Plaza, ha asegurado que el Consistorio continuará trasladando esta petición a la Consejería. «Nosotros ya hemos acometido la demolición porque nos preocupa el bienestar de nuestros niños y niñas; la reconstrucción le corresponde a la Junta de Andalucía», ha manifestado.
Plaza ha recordado también los problemas registrados en el CEIP Carmen Arévalo, donde la Junta actuó anteriormente sobre una parte del edificio afectada por daños estructurales. Según ha explicado, posteriormente aparecieron grietas en otra zona que no había sido objeto de aquella intervención y el pasado año fue necesario desalojar el módulo afectado por motivos de seguridad.
La edil sostiene que, aunque inicialmente estaba previsto que aquellas obras fueran asumidas por la Junta, finalmente tuvo que ejecutarlas el propio Ayuntamiento, y ha reclamado una mayor implicación de la administración autonómica con las necesidades de los centros educativos de Alhaurín el Grande.
Mientras avanza la demolición en el CEIP Emilia Olivares, el Consistorio asegura que continuará reclamando tanto la reposición de los cuatro espacios afectados como nuevos equipamientos que permitan garantizar unas instalaciones adecuadas para la comunidad educativa del centro.
